DIA DEL MAESTRO
En 1943, la Primera
Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas
Americanas, celebrada en Panamá, propuso una fecha unificada para todo el
continente; eligiéndose el 11 de septiembre, aniversario del fallecimiento del
estadista y educador argentino Domingo Faustino Sarmiento.
Dicha fecha ha continuado
conmemorándose en Argentina, pero se ha abandonado en el resto del continente.
La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró en
1994 el día 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes.
En Uruguay el Día del Maestro
se festeja el 22 de setiembre un día después del Día del Estudiante y coincidente
con las vacaciones de Primavera.
Esta fecha en otros tiempos
tenía un gran significado, lamentablemente la figura del maestro ha sufrido una
pérdida de respeto no solos de parte de los educandos sino también del ámbito
familiar. Si bien es cierto que no se debe generalizar, son muy recurrentes las
faltas de consideraciones a la labor que desarrollan.
La figura del maestro se ha
visto vulnerada por agresiones verbales y físicas en muchos centros educativos
de distintos puntos del país.
Esta fecha ha ido perdiendo fuerza
por decirlo de alguna manera, de todos modos se sigue festejando, no con el
ímpetu de otras épocas pero sigue teniendo su importancia sobre todo entre los
pares.
Pantallazo de la historia de la Educación en
Uruguay
Entre los años 1724 y 1730
comienza el proceso fundacional de Montevideo. Fue en su inicio una plaza
fuerte, junto al puerto sobre el Río de la Plata, en la gran bahía desde donde
se puede apreciar el cerro de Montevideo. Durante ese período comenzó su etapa
de colonización con la llegada de familias españolas desde Buenos Aires y
Canarias.
En época de la Colonización,
la Educación respondía al pensamiento dominante: los españoles emplearon la
evangelización como modelo educativo.
Las Escuelas estaban a cargo
de la Orden de los Jesuitas y de los Franciscanos, escuelas confesionales que
respondían a la Corona Española.
Entre los años 1814 y 1820 el
Gobierno Patrio de José G. Artigas se plantearon y defendieron otros intereses.
La educación comenzaba a definir su carácter ético y político cuando Artigas
expresaba su preocupación por «mejorar la situación moral e intelectual de sus
paisanos» y «consolidar el ideal revolucionario desde la escuela».
En 1815, en la situación
precaria del campamento de Purificación fundó la Escuela de la Patria y en
Montevideo una Escuela de Primeras Letras. Esto, uniéndolo con la Educación
Cívica y el fortalecimiento de la identidad nacional, sintetiza aspectos
básicos del artiguismo.
Entre los años 1820 y 1825 el
período de la Provincia Cisplatina, Dámaso A. Larrañaga logra introducir en las
Escuelas el sistema monitorial o de enseñanza mutua (modelo de Escuela
Lancasteriana). Consistía en que los alumnos mejor capacitados enseñaran a los
menos preparados.
El Maestro era el encargado de
orientar a los monitores para que enseñaran a sus compañeros en pequeños
grupos.
Se fortalecía una concepción
de la educación moral centrada en obediencia, orden y disciplina. Su
implementación no prosperó más que en un breve período: no colmó las
necesidades de la población y fue perdiendo apoyo económico de los vecinos.
En 1825 declarada la Independencia
de la Provincia Oriental, sus escuelas no lograban organizarse con estabilidad,
había preocupación por la educación, lo que llevó a la creación de escuelas,
también se reconocía la importancia de la formación del maestro. Muestra de ello
es la creación de la Primer Escuela Normal en 1827 y el establecimiento de la
obligatoriedad del título docente para ejercer la profesión.
En 1847 el Gobierno de la
Defensa creó el Instituto de Instrucción Pública atribuyéndole como funciones:
promover la educación pública, regular el funcionamiento de toda institución
educativa, vigilar la enseñanza de las ciencias morales, asegurar la relación
armónica entre la enseñanza, las ideas políticas y religiosas que constituyen
la base de la organización social de la República.
En 1855, el Secretario de
dicho Instituto, José Palomeque realizó un estudio de las escuelas en el país y
presentó el conocido «Informe Palomeque» que daba cuenta del estado de la
educación.
Esto le permitió reconocer
algunos de los grandes problemas: falta de un programa que unificara la
educación a nivel nacional, desconocimiento de los Docentes de la teoría de su
profesión y dónde aprenderla, carencia de buenos libros, y todos ellos
necesitaban una urgente atención.
Dice el Informe: «me permitiré
indicar la urgente e importante necesidad de un buen plan de estudios que venga
a la reforma y evite los abusos, cuyo arraigamiento, sólo el tiempo y la
constancia podrá destruir afianzando un sistema bien combinado de enseñanza».
En 1865 se aprobó el
«Reglamento Interno Provisorio de Escuelas Públicas Gratuitas» de la Junta
Económica Administrativa de Montevideo, luego adoptado por otras Juntas.
Allí se jerarquizaba el tiempo
pedagógico pautando su distribución semanal entre la recreación y el trabajo,
se prescribían materias, nómina de contenidos, metodologías y materiales, la
educación religiosa, un sistema elemental de estadística y la comunicación a
los padres o tutores por parte del preceptor.
En el último cuarto del siglo
XIX el Uruguay aún no lograba consolidar un proyecto educativo y cultural
propio, ni el pensamiento político y sentimiento nacional.
La Democracia era débil e
inestable. Los enfrentamientos continuos entre caudillos y doctores, entre el
campo y la ciudad, evidenciaban relaciones de poder, en busca de hegemonía.
La Reforma vareliana es la
obra de reforma de la educación primaria más importante realizada por José Pedro Varela en 1876 que
estableció que esta fuera gratuita, obligatoria y laica. La reforma se efectuó
durante el gobierno de facto del coronel Lorenzo Latorre, en los inicios del
militarismo.
Dicha reforma fue de esencial
importancia en la historia uruguaya, que desterró el predominio de la educación
privada católica para una élite privilegiada y transformó a la enseñanza en un
deber del Estado, abarcando la totalidad del pueblo.
La reforma valeriana se
extendió entre 1876 y 1879, y transformó hondamente no sólo el sistema de
enseñanza, sino al país.
La gratuidad y la
obligatoriedad anunciaban un crecimiento exponencial del alumnado.
Un decreto de agosto de 1877
creó un impuesto para financiar la reforma educativa; y otro estableció la
Dirección y Administración General de Correos, cuyas rentas se destinaron al
mismo fin.
El 23 de septiembre de 1877 se
aprobó el Decreto Ley de Educación Común, que prescribió el régimen de
concursos para la designación de los maestros y su promoción en la carrera;
estableció que todo niño entre 8 y 14 años de edad debía concurrir
obligatoriamente a dicha escuela, y se prohibió la actuación política de los
inspectores.
La influencia de los
inmigrantes significó no sólo un incremento poblacional sino una renovación y
enriquecimiento ideológico. Entraron en conflicto las cuatro principales
fuerzas ideológicas de ese fin de siglo, se establecía la polémica entre
catolicismo, protestantismo, espiritualismo racionalista y positivismo.
El proceso de secularización
instalaba el debate entre lo laico y lo religioso.
Luego de jurar como presidente
en 1903, José Batlle y Ordóñez quitó de la ceremonia la jura por los
santos sacramentos y se introdujo la frase «juro por la patria».
A finales de 1908 el Senado
uruguayo aprobó, al parecer, sin discusión, el proyecto de ley sobre abolición
de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
Este hecho se enmarca en el
intenso programa secularizador del conocido como “primer batllismo”, en
referencia a la figura del presidente José Batlle y Ordóñez, personaje de la
historia contemporánea de Uruguay.
Este país sudamericano se
destacó por establecer una clara separación entre la Iglesia y el Estado. La
religión se consideró un asunto privado de los uruguayos, y el Estado emprendió
una clara ocupación del espacio público antes dominado por la Iglesia.
En 1909 entró en vigor la
supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado, y se creó la
Asistencia Pública Nacional, completamente laica.
El 10 de julio de 1916, pocos
día antes de la fiesta de Corpus Christi, anarquistas, socialistas y batllistas
organizaron una multitudinaria marcha pidiendo la separación de la iglesia y el
Estado.
La Asamblea General en el año
1916 trató en 13 sesiones dicha separación y en el año 1919, mediante la
reforma de la Constitución, bajo la presidencia del batllista Feliciano Viera,
mártir de la dictadura de Terra Baltasar Brum, se produjo la la separación definitiva
de la Iglesia del Estado.
En educación por otras
disposiciones legislativas se fijaron las condiciones de admisión de los
alumnos en las escuelas –que pasaron a ser mixtas–, se reglamentó el acceso a
la carrera docente, se organizó el sistema de exámenes y se prohibió
rigurosamente toda clase de castigos corporales a los alumnos, admitidos hasta
entonces.
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